El entorno político sigue dando que hablar, en días previos se daba a conocer sobre los aportes a las diferentes campañas electorales por parte de Jorge Barata y las recientes decisiones del Parlamento hacia la Junta Nacional de Justicia, donde se solicitó investigar a sus siete integrantes. En este último caso, la Organización de las Naciones Unidas se había expresado sobre la iniciativa para investigar y destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia.
En ese escenario, una nueva solicitud de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Perú se ha suscitado para el retiro del coordinador del Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en el país, Igor Garafulic. La petición se fundamenta en acusaciones de intromisión en asuntos internos del Estado, lo que ha llevado a considerar la declaración de Garafulic como persona no grata en Perú.
Los congresistas María del Carmen Alva y Alejandro Aguinaga, ambos miembros de la comisión están de acuerdo con la salida de Garafulic, la primera basándose en la Constitución Política donde se especifica que el Parlamento tiene la autoridad para investigar y promover destituciones en el Estado. Mientras Aguinaga indicó que el representante de la ONU ha asumido funciones que no le competen.
Esta controversia despierta interrogantes importantes sobre el equilibrio entre la soberanía nacional y la cooperación internacional, y subraya la necesidad de un diálogo constructivo para resolver las diferencias y mantener relaciones diplomáticas sólidas en beneficio de la población peruana y de la comunidad internacional en su conjunto. De la misma forma, es evidente que existe un sector del Congreso que promueve el retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forma parte de La Organización de los Estados Americanos (OEA), y ante opiniones de diversos países también rompamos relaciones. A este paso, seremos una República aislada del concierto de naciones.
