Según Jessica Luna, directora ejecutiva de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, las autoridades actuales manejan sus municipios como “feudos” y cometen actos arbitrarios que incluso acarrean responsabilidad penal.
El cierre de centros comerciales y negocios sin sustento técnico o legal, el impedimento de ejecución de obras ya aprobadas, como es el caso de la estación número 13 de la Línea 2 del Metro de Lima y algunos otros obstáculos que tiene la inversión privada en el país apuntan a responsables claros: las autoridades municipales. Al respecto, la directora ejecutiva de ComexPerú, Jessica Luna, sostuvo que “esto pone en riesgo la reactivación económica, afecta a miles de empresarios y los puestos de trabajo que ellos generan”.
Asimismo, este panorama atenta contra los principios de seguridad jurídica y, de ese modo, se afecta la predictibilidad de las inversiones, lo que termina golpeando la confianza empresarial. “Hace unos meses, el alcalde de Ate cerró de manera arbitraria el restaurante Granja Azul. También tenemos el caso de la puesta en operación de un centro comercial paralizado por la Municipalidad de La Molina, el cual, pese a contar con todas las autorizaciones necesarias, no podía obtener la licencia de funcionamiento. Esto impedía la generación de 1,500 empleos directos y la operación de 30 puestos comerciales, muchos de ellos pymes”, lamentó Luna.
Pese a que los casos mencionados fueron solucionados debido a su naturaleza mediática, los empresarios aún deben enfrentar arbitrariedades de funcionarios municipales, extorsiones de mafias organizadas y delincuencia. “Urge que las autoridades municipales cumplan estrictamente la ley y sean aliados de los negocios y la generación de empleo formal en sus localidades. El Ejecutivo tampoco puede ponerse de costado. Esta es responsabilidad de todos y, por ello, debe trabajar con los alcaldes para garantizar que la inversión privada pueda desarrollarse en un ambiente seguro”, sentenció Jessica Luna.
Fuente: ComexPerú
