La condena a Vladimiro Montesinos por su papel en las masacres de La Cantuta y Pativilca marca un importante paso hacia la justicia en el Perú. Después de más de 30 años, la conclusión anticipada permitió dictar una sentencia de 19 años y 8 meses de prisión, brindando cierto cierre a las víctimas y sus familias. La autoría mediata del exasesor presidencial, quien reconoció su participación, arroja luz sobre las responsabilidades de aquellos en lo más alto del poder.
Las atrocidades en La Cantuta y Pativilca, ejecutadas por el Grupo Colina, evidencian el oscuro capítulo de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori. El testimonio de integrantes de este grupo señala la cadena de mando directamente hacia Montesinos y, por ende, hacia Fujimori, a pesar de la falta de reconocimiento de su responsabilidad por parte del expresidente. La falsa acusación y posterior asesinato de inocentes revelan la brutalidad y la impunidad que prevalecieron en esa época.
La decisión de Alberto Fujimori de enfrentar juicio por estos crímenes indica la posibilidad de un veredicto que refleje la gravedad de los hechos. Aunque su defensa busca desafiar la tesis de autoría mediata, el reconocimiento de Montesinos complica su posición legal. La búsqueda de una extensión de la gracia presidencial, que permitió la liberación de Fujimori, sugiere que aún persisten los intentos de evadir la rendición de cuentas.
Este veredicto es un recordatorio de la necesidad de mantener un sistema judicial fuerte y transparente. La justicia tardía no solo ofrece consuelo a las víctimas, sino que también fortalece la confianza en las instituciones. Que estos acontecimientos sirvan como un firme recordatorio de que la impunidad no tiene cabida en una sociedad que busca la verdad y la justicia.
