La reciente fuga del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, tras ser condenado a tres años y seis meses de prisión por colusión en el caso de la construcción del aeródromo Wanka, ha desencadenado un debate sobre la eficiencia de las autoridades y la cooperación internacional en la captura de prófugos. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha tramitado una alerta con la Interpol para la detención de Cerrón, quien en lugar de entregarse a las autoridades, optó por utilizar sus redes sociales para criticar a la PNP y su comandante general, Óscar Arriola.
Es crucial señalar que, en un Estado de derecho, la responsabilidad recae en las instituciones y no en la percepción de los involucrados. Vladimir Cerrón, en su cuenta de Twitter, ha manifestado su desprecio por el esfuerzo de la PNP al cuestionar la notificación a la Interpol. Sin embargo, no se trata de un juego de desafío a la autoridad, sino de la obligación de cumplir con una sentencia judicial.
La cuestión fundamental en este caso es la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su posición o conexiones políticas, cumplan con las resoluciones judiciales. La fuga de Vladimir Cerrón destaca la importancia de revisar los procedimientos y coordinaciones entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, para evitar futuras evasiones de la justicia. La sociedad peruana merece un sistema de justicia que funcione de manera efectiva y sin distorsiones políticas. El caso de Cerrón es un recordatorio de que la justicia y la aplicación de la ley deben prevalecer sobre cualquier otro interés o consideración.
Finalmente, donde quedó el gallo del gallinero Vladimir Cerrón, el político invencible, el santito y mentor de Pedro Castillo. Bueno ahí observan su valentía, escondiéndose de la justicia. Sin embargo, horas antes afirmaba que se entregaría para afrontar su proceso. Además, se burla porque señala que las autoridades policiales no lo pueden atrapar. Suena cliché, no obstante la justicia tarda pero llega.
