La decisión del Poder Judicial de declarar ilegal a la organización política A.N.T.A.U.R.O., en respuesta a una solicitud de la Fiscalía de la Nación, marca un precedente en el control de legalidad de las agrupaciones políticas. La medida apunta a cancelar su inscripción y cerrar sus locales, alegando actividades antidemocráticas y riesgos a la integridad pública, con Antauro Humala identificado como líder de facto. No obstante, la controversia no termina ahí: mientras el fallo excluyó la inhabilitación de los responsables de la organización, surge un debate sobre la politización de estas decisiones judiciales, especialmente cuando Antauro Humala considera que el fallo tiene una motivación política.
Este contexto ha hecho que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, defienda la imparcialidad del órgano electoral, señalando que la decisión no corrige ni afecta resoluciones emitidas por el JNE. Además, Salas Arenas aclaró que, desde 2015, la potestad de inhabilitar organizaciones políticas no le corresponde al JNE, según determinó el Congreso. Aun así, el magistrado denunció que ciertos congresistas y actores políticos aprovechan esta situación para confundir a la opinión pública, planteando un escenario de desinformación que afecta la transparencia electoral.
La figura de Salas Arenas no ha estado exenta de ataques. Actualmente enfrenta una denuncia constitucional en el Congreso, en un proceso liderado por figuras de la oposición que buscan sancionarlo antes de que concluya su mandato. Estos movimientos generan una creciente preocupación sobre la posible presión política ejercida sobre las instituciones que deberían garantizar la estabilidad democrática, y exponen la polarización que afecta los procesos de control y la fiscalización de actores políticos y judiciales.
En este clima, es imperativo que el Poder Judicial y el JNE refuercen su autonomía frente a intereses partidarios. La determinación de ilegalizar una organización política debe estar fundamentada exclusivamente en criterios de legalidad, y no en conveniencias políticas coyunturales. La ciudadanía espera de sus instituciones acciones que respeten los principios democráticos, y una conducción libre de presiones que asegure el derecho a la representación política y la neutralidad en la administración de justicia.
