La comunicación emitida por diversos gremios de transporte y agrupaciones de distintos sectores refleja una creciente preocupación por la inseguridad en el país. La solicitud al gobierno de no aprobar el dictamen sobre el terrorismo urbano, y la demanda de derogatoria de la Ley 32108, son expresiones claras de una percepción generalizada de que las normativas actuales no están logrando frenar el avance del crimen organizado. La carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, y a otras autoridades, pone en evidencia la urgencia de medidas más eficaces para proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad en el territorio nacional.
El paro de transportistas del 26 de septiembre, en respuesta a la ola de delitos como la extorsión y el sicariato, es solo una muestra del descontento que prevalece en sectores claves de la economía. A pesar de la declaración de estado de emergencia en varios distritos de Lima y Callao, los gremios denuncian que estas medidas no han logrado mitigar la inseguridad, y que incluso los transportistas continúan siendo blanco de represalias. Ante esta situación, la sociedad civil se encuentra al borde de la movilización, dispuesta a exigir acciones más contundentes por parte del Estado.
Las exigencias de los gremios no solo se limitan a la derogatoria de leyes, sino que también apuntan a la implementación de políticas públicas que tengan un impacto real y visible en la lucha contra el crimen. La falta de transparencia y el enfoque excluyente del dictamen sobre el terrorismo urbano son fuertemente criticados, especialmente por no considerar a la población rural, un sector que representa más del 20% del país. El reclamo por estrategias de seguridad más inclusivas y efectivas se ha vuelto un clamor ineludible que el gobierno no puede ignorar.
El Ejecutivo, por su parte, ha anunciado algunas medidas para enfrentar la problemática, como la creación de equipos especiales de investigación y mecanismos de seguridad en paraderos y rutas de transporte. Sin embargo, la percepción de ineficacia persiste, y los gremios advierten que de no cumplirse sus demandas, recurrirán a la movilización nacional. En un contexto tan delicado, el gobierno está ante el reto de restablecer la confianza de la ciudadanía y garantizar la paz social, con medidas que vayan más allá de promesas y que logren resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado.
