La declaración de la titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, sobre la compra de una réplica de un reloj Rolex durante un viaje a China ha generado una ola de críticas y cuestionamientos en la opinión pública. Este hecho adquiere mayor relevancia debido a su pasado como jefa del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), lo que ha suscitado debates sobre ética y coherencia en su accionar.
Las declaraciones de Pérez de Cuéllar sobre la adquisición de la réplica del Rolex han dejado más preguntas que respuestas, especialmente al señalar que no recuerda dónde se encuentra el objeto en cuestión. Esta falta de claridad y el reconocimiento de un error en la compra de un artículo falsificado plantean dudas sobre la integridad y la coherencia de la funcionaria, quien ha admitido haber luchado contra la venta de productos falsificados en el pasado.
Por otro lado, el respaldo del gabinete ministerial a la presidenta Dina Boluarte en medio de esta controversia agrega un nuevo elemento al panorama político. Si bien el Ejecutivo aprueba lo manifestado por Boluarte ante los medios de comunicación, la solicitud de información por parte de la Fiscalía de la Nación sobre los pagos recibidos por la presidenta desde 2021 hasta la actualidad genera un escenario de mayor escrutinio y exigencia de transparencia en la gestión pública.
El requerimiento de la Fiscalía de la Nación a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para obtener detalles sobre los pagos realizados a Dina Boluarte, así como la solicitud de información sobre los relojes utilizados por la presidenta en eventos oficiales, refleja la necesidad de esclarecer cualquier irregularidad y garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Es crucial que las autoridades respondan de manera proactiva y colaborativa a estas solicitudes para fortalecer la confianza en las instituciones y el Estado de derecho en el país.
