La destitución de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, y de otras dos fiscales de alto rango, ha generado una conmoción en el sistema judicial peruano. La decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), encabezada por Antonio de la Haza Barrantes y respaldada por otros miembros, ha puesto de manifiesto la gravedad de las faltas cometidas por Benavides. La remoción irregular de la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla fue el detonante de esta medida, ya que se demostró que Benavides actuó para proteger a su hermana, Enma Benavides, de investigaciones por presuntos actos de corrupción.
El informe presentado por María Zavala Valladares, consejera ponente, fue contundente al señalar que Patricia Benavides removió a Revilla sin una justificación válida, utilizando informes de baja productividad que carecían de sustento probatorio. Esta acción no solo buscaba apartar a Revilla de una investigación delicada, sino que también ponía en evidencia un manejo arbitrario y poco transparente de su poder dentro del Ministerio Público. La alta productividad demostrada por Revilla en años anteriores refuerza la falta de justificación en su remoción.
A pesar de la destitución dictada por la JNJ, Patricia Benavides aún cuenta con el respaldo del Congreso. Este apoyo político refleja una desconexión preocupante entre el poder legislativo y las instituciones encargadas de velar por la justicia y la integridad en el país. La denuncia penal contra Benavides por presuntamente liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público sigue pendiente en el Congreso, lo que pone en duda el compromiso de algunos parlamentarios con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho.
El caso de Patricia Benavides no es aislado y revela las profundas fisuras en el sistema judicial peruano. La recomendación de destitución por parte de la magistrada Inés Tello subraya la gravedad de las acciones de Benavides y la necesidad urgente de reformas estructurales. La interferencia en investigaciones, el uso de informes falsificados y el trato degradante a colegas son prácticas que deben erradicarse para restablecer la confianza en las instituciones. La respuesta del Congreso será crucial para determinar si Perú está dispuesto a enfrentar la corrupción con firmeza y transparencia.
