El bloqueo del Gobierno a las investigaciones sobre el uso del vehículo oficial asignado a la presidenta Dina Boluarte para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón representa una grave amenaza a la transparencia y la rendición de cuentas en el país. La resolución que impide a la Comisión de Fiscalización acceder a la información clave sobre el recorrido de dicho vehículo, bajo el pretexto de que es información clasificada, es un claro intento de obstaculizar una investigación legítima. Este tipo de acciones no solo generan sospechas, sino que refuerzan la percepción de que el Gobierno está dispuesto a proteger intereses oscuros a expensas de la verdad.
El hecho de que el plan de seguridad de la presidenta, así como los informes anexos sobre el movimiento del vehículo, hayan sido declarados como secretos, coloca un obstáculo casi insalvable para el esclarecimiento de los hechos. Esta maniobra levanta interrogantes sobre las prioridades del Gobierno de Boluarte, que parece más interesado en blindar a sus aliados que en someterse al escrutinio público. La ley de Transparencia y Acceso a la Información está diseñada para garantizar que el poder público sea fiscalizado por los ciudadanos, y esta decisión representa un retroceso en esa dirección.
Las revelaciones de los audios del capitán PNP ‘Culebra’ al Ministerio Público, donde se sugiere que el propio ministro del Interior habría estado al tanto del uso del «cofre» presidencial para facilitar la fuga de Cerrón, agravan aún más la situación. Las autoridades no solo deben esclarecer estos hechos, sino también garantizar que las instituciones del Estado no se vean comprometidas en la protección de personas prófugas. La negativa del Gobierno a proporcionar una explicación clara sobre el contenido de estos audios refuerza las sospechas de complicidad.
En este contexto, la solicitud de la Comisión de Fiscalización para obtener facultades investigadoras por 120 días resulta fundamental. La ciudadanía merece saber si el aparato estatal fue utilizado para favorecer la huida de un líder político acusado de corrupción. De no esclarecerse este hecho, no solo se pone en riesgo la credibilidad de la actual administración, sino también los cimientos del sistema democrático en el país. La transparencia y la justicia no pueden seguir siendo víctimas del secretismo gubernamental.
