La decisión de la presidenta Dina Boluarte de promulgar la ley que elimina las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ha generado una profunda reflexión sobre el futuro del sistema democrático en el país. A pesar de las advertencias de organismos electorales y de la sociedad civil, el Congreso, con 74 votos a favor, decidió modificar la Ley de Organizaciones Políticas, permitiendo que los partidos elijan a sus candidatos sin la participación directa de la ciudadanía.
La eliminación de las PASO, que se llevó a cabo sin atender el plazo establecido para su observación, plantea interrogantes sobre la voluntad política de fortalecer la participación ciudadana en el proceso electoral. La sociedad peruana se enfrenta a una realidad donde la decisión sobre quiénes liderarán los partidos recae en círculos internos, generando dudas sobre la transparencia y la representatividad de estos procesos.
La nueva ley introduce tres modalidades para las elecciones primarias, siendo la tercera, a través de delegados, la menos promovida. Aunque se mantiene la opción de voto universal en las dos primeras modalidades, la exigencia del 10% de votos válidos para continuar en el proceso electoral plantea desafíos adicionales. La ciudadanía debe evaluar cómo estas modificaciones impactarán en la diversidad y pluralidad de los candidatos que llegarán a las elecciones generales.
La corta vida de las PASO, vigentes desde 2019 y suspendidas en dos ocasiones, refleja las dificultades de implementar este sistema de elección directa. Sin embargo, su eliminación abrupta podría conducir a un debilitamiento del ejercicio democrático y abrir la puerta a prácticas menos transparentes dentro de los partidos políticos. La sociedad peruana debe estar alerta y exigir que las decisiones legislativas fortalezcan, en lugar de debilitar, la participación ciudadana en la construcción de la democracia.
