La impunidad en el Congreso se ha vuelto una constante, evidenciando un sistema de juicio político y control selectivo, alineado con los intereses del fujimorismo y sus bancadas afines. Desde marzo del año pasado, hasta la fecha, doce congresistas han sido denunciados por recortar el sueldo de sus trabajadores, pero solo uno ha sido sancionado: María Cordero Jon Tay. Aunque el Pleno aprobó suspenderla, la falta de votos impidió su inhabilitación, reflejando una aplicación parcial de la justicia.
El caso de Cordero Jon Tay revela la normalización de esta conducta en el Legislativo, cuando ella misma admitió que el recorte salarial era una «costumbre» arraigada. Sin embargo, su explicación no fue suficiente para evitar la sanción. Mientras tanto, sus colegas implicados han sido protegidos y blindados, evidenciando una doble moral en el tratamiento de estos casos.
La Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales han sido escenarios clave en este proceso, pero su actuación ha sido cuestionada. A pesar de las denuncias, la mayoría de los expedientes han sido archivados o no han avanzado, entorpeciendo la labor de la Fiscalía y perpetuando la impunidad. El presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, ha visto pasar la mayoría de los casos sin sanciones, mientras que la designación de delegados en la Subcomisión ha generado recomendaciones de archivo, obstaculizando la búsqueda de justicia.
La falta de medidas contundentes ante estos casos contrasta con la severidad aplicada en otros ámbitos, como la destitución de magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Esta discrepancia evidencia una priorización de intereses políticos sobre la ética y la transparencia en el Congreso, lo que socava la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Es fundamental que se promueva una cultura de rendición de cuentas y se establezcan mecanismos efectivos para combatir la corrupción, garantizando la integridad y la probidad en el ejercicio del poder legislativo.
