El reciente escándalo revelado por audios que implican a la presidenta Dina Boluarte y al ministro del Interior, Juan José Santivañez, ha sacudido los cimientos de la transparencia gubernamental en el Perú. Según las grabaciones difundidas, Boluarte habría presionado a Santiváñez para desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), unidad clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Esta revelación pone en tela de juicio las verdaderas intenciones del Ejecutivo y plantea serias dudas sobre su compromiso con la justicia y el estado de derecho.
Las conversaciones, grabadas por el capitán de la Diviac, Junior Izquierdo, alias “Culebra”, sugieren que el nombramiento de Santivañez como ministro estuvo condicionado a la desactivación de la Diviac, una unidad que había puesto en la mira a personajes cercanos al entorno de Boluarte, como su hermano Nicanor Boluarte. Esto supone un grave retroceso en la lucha contra la corrupción, ya que la Diviac ha desempeñado un papel fundamental en la investigación de redes criminales de alto perfil que involucran a funcionarios y políticos.
Aunque el ministro Santivañez ha negado la autenticidad de los audios, su cercanía con Izquierdo y sus críticas públicas hacia la Diviac levantan sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Además, el hecho de que estos audios hayan sido entregados a la Fiscalía refuerza la gravedad de las acusaciones, y subraya la necesidad de una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer si se ha intentado socavar una de las pocas instituciones policiales que se mantienen en la lucha contra el poder corrupto.
En conclusión, este escándalo pone al gobierno de Boluarte en una posición sumamente delicada. La posibilidad de que se haya intentado manipular la justicia para proteger intereses cercanos al poder es alarmante y exige una respuesta firme por parte de las instituciones democráticas. La desactivación de la Diviac sería un golpe devastador para el sistema judicial y un retroceso en la lucha contra la corrupción. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para garantizar la independencia de las investigaciones y preservar el estado de derecho en el país.
