La destitución de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha generado una fuerte controversia. Benavides ha reaparecido en público, alegando que su destitución responde a represalias políticas por haber denunciado constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo. Este evento, organizado por el partido Aprista y respaldado por el grupo extremista ‘Los Combatientes’, ha sido visto como un intento de politizar la decisión de la JNJ, calificándola de complot político.
Sin embargo, los magistrados de la JNJ sostienen que la destitución de Benavides está fundamentada en faltas graves, como la remoción de la fiscal Betsateh Revilla, quien investigaba a la jueza Enma Benavides por presunta corrupción. La exfiscal justificó la remoción de Revilla por bajo rendimiento, aunque esto benefició directamente a la jueza investigada. Esta acción fue considerada por la JNJ como una maniobra para obstaculizar la justicia, lo que llevó a su destitución.
Durante su intervención, Benavides agradeció el apoyo de grupos violentistas como ‘La Resistencia’, conocidos por sus actos de acoso a periodistas y perturbación de eventos culturales. Benavides afirmó que estos grupos «iluminaban» el panorama oscuro creado por fuerzas que, según ella, buscan desestabilizar el país. Reiteró que las acusaciones en su contra se basan en «hechos falsos» y en un informe de la JNJ que, según ella, no ha podido corroborarse.
La presencia de personajes polémicos en el evento, como Roger Ayachi, líder de ‘Los Combatientes’, añade un elemento inquietante a la defensa pública de Benavides. Ayachi ha sido denunciado por violencia y amenazas, lo que cuestiona aún más la legitimidad del respaldo que recibe Benavides. Este episodio resalta la necesidad de un debate serio y objetivo sobre la integridad y la justicia en el Perú, evitando que se convierta en un espectáculo de polarización política y extremismo.
