La reciente declaración de estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y la provincia de Sullana en Piura, por parte de la presidenta Dina Boluarte, marca un momento crucial en la respuesta del gobierno peruano a la creciente inseguridad que afecta consecutivamente a estos lugares. La firmeza con la que Boluarte ha tomado esta medida refleja su compromiso de abordar con determinación la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, algo que afecta profundamente a la ciudadanía.
La Constitución Política del Perú respalda esta acción al permitir la declaración de estado de emergencia en casos de «perturbación de la paz o del orden interno», con el propósito de otorgar al Estado las herramientas necesarias para enfrentar situaciones que amenacen la vida de la nación. Sin embargo, es crucial recordar que estas medidas excepcionales deben aplicarse con pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, evitando cualquier abuso.
Las restricciones que implica el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres incluyen la intervención en reuniones públicas o privadas y la posibilidad de que las fuerzas del orden ingresen a las viviendas de ser necesario para realizar investigaciones o operativos específicos. Estas medidas, aunque represivas, se justifican por la necesidad de restaurar la seguridad pública.
De este modo, las decisiones tomadas por Dina Boluarte en estos momentos críticos demuestran un liderazgo comprometido con la seguridad y el bienestar de la población peruana. La clave ahora es implementar estas medidas con responsabilidad, transparencia y salvaguardando los derechos individuales, asegurando que efectivamente cumplan su propósito de mejorar la vida de la nación. Finalmente, no le quedó otra salida al gobierno central frente al pedido de los alcaldes desde hace varios meses por la creciente ola de muertes. ¿Cuál será el plan?, ¿Hasta cuándo durará el estado de emergencia? ¿Cuánto costará?
