El inicio de diligencias preliminares por parte de la Fiscalía de la Nación contra el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, por presunto peculado, destaca una nueva controversia que sacude el panorama político peruano. Esta acción surge tras revelarse que miembros de su despacho estaban recolectando firmas para la creación del partido Adelante Áncash durante el horario laboral, lo que plantea serias interrogantes sobre el uso adecuado de los recursos públicos y la ética en el ejercicio del poder.
La investigación de la Fiscalía representa un paso significativo en el esclarecimiento de estas acusaciones, especialmente después del allanamiento realizado en las oficinas del congresista en el jirón Huallaga, en el Cercado de Lima, a raíz de informes periodísticos que implicaban a su equipo en actividades relacionadas con la formación del partido mencionado. Aunque Espinoza ha negado estas acusaciones, las evidencias presentadas plantean serias dudas sobre la conducta de su despacho.
En medio de esta controversia, la negativa de Espinoza de admitir cualquier mal uso de recursos públicos contrasta con las evidencias presentadas por el programa «Punto Final», que mostraban a miembros de su equipo recolectando firmas a cambio de incentivos. Sin embargo, el congresista ha atribuido estas actividades a la conducta inapropiada de algunos miembros de su equipo, lo que plantea un desafío adicional para la investigación en curso.
La aprobación de la Comisión de Ética del Congreso para iniciar una investigación preliminar contra Espinoza refuerza la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito legislativo. Este paso busca asegurar que se investiguen a fondo las acusaciones de uso indebido de fondos del Congreso para fines políticos personales, reafirmando así el compromiso del Estado con la integridad y la ética en la función pública.
