El exministro del Interior Juan José Santiváñez presentó una denuncia penal contra la periodista Mónica Delta y otros miembros del equipo de “Punto Final” de Latina Televisión, luego de que este programa emitiera un reportaje que detallaba las visitas que Santiváñez recibe actualmente en su despacho, como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.
El exministro del Interior Juan José Santiváñez presentó una denuncia penal contra la periodista Mónica Delta y otros miembros del equipo de “Punto Final” de Latina Televisión, luego de que este programa emitiera un reportaje que detallaba las visitas que Santiváñez recibe actualmente en su despacho, como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. La denuncia ha sido calificada por el medio como un intento de amedrentamiento por parte del gobierno de Dina Boluarte.
A través de un comunicado oficial, Latina expresó su enérgica protesta por lo que considera un ataque directo a la libertad de prensa y una forma de intimidación hacia sus periodistas. "Pese a estar en un estado democrático, se han vulnerado nuestras libertades informativas y el derecho ciudadano de acceder a información pública", advirtió el medio televisivo, cuestionando el uso del sistema penal contra su trabajo informativo.
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión también se pronunció en contra de la denuncia, señalando que se trata de "un grave atentado contra la libertad de prensa y una forma inaceptable de intimidación hacia quienes practican el periodismo investigativo". En su comunicado, la institución alertó sobre los peligros de usar herramientas legales como represalia frente a investigaciones periodísticas que pueden incomodar a las autoridades.
Finalmente, la organización exhortó a las entidades del Estado a evitar cualquier intento de persecución contra los periodistas. "La labor periodística no puede ser objeto de persecución por parte de quienes cumplen funciones públicas y están sujetos al escrutinio legítimo de la prensa", recalcaron. Esta controversia revive el debate sobre los límites entre la fiscalización periodística y el ejercicio del poder político en el país.