El Poder Judicial evaluará este martes 24 de junio, desde las 2:30 de la tarde, el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para suspender por 36 meses a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. La solicitud responde a una investigación por presunta obstrucción a las pesquisas del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, durante su gestión al frente del Ministerio Público.
El Poder Judicial evaluará este martes 24 de junio, desde las 2:30 de la tarde, el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para suspender por 36 meses a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. La solicitud responde a una investigación por presunta obstrucción a las pesquisas del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, durante su gestión al frente del Ministerio Público. La decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria será clave para definir el futuro de Benavides durante los próximos tres años.
El requerimiento fiscal, presentado el pasado 11 de junio, busca evitar que Benavides retome el cargo y obstaculice las investigaciones en curso o incurra en nuevas irregularidades. La fiscal Espinoza reafirmó la urgencia de esta medida tras el intento de Benavides de reincorporarse a la Fiscalía de la Nación, respaldada en una cuestionada resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuya legalidad está bajo escrutinio. Para la Fiscalía, su retorno podría representar un riesgo de interferencia en procesos en trámite.
Entre los fundamentos del pedido figuran antecedentes como la destitución arbitraria de fiscales, designaciones de confianza con vínculos cuestionables y presiones hacia otras instituciones del sistema de justicia. Según la tesis fiscal, Benavides habría utilizado su poder para beneficiar a terceros, nombrando fiscales que filtraban información a cambio de favores, e incluso habría influido en decisiones de la JNJ a través de operadores como el abogado Castillo Alva.
La investigación detalla cinco hechos graves que comprometerían su conducta funcional: desde designaciones irregulares y filtración de información a aliados, hasta presiones para frenar investigaciones delicadas. Los fiscales implicados en estas maniobras habrían sido removidos de sus cargos, mientras que allegados de Benavides habrían recibido presuntos pagos de hasta 60 mil dólares. El caso, que involucra redes de influencia al más alto nivel, podría redefinir el curso de la lucha contra la corrupción en el sistema judicial peruano.