UN AUMENTO EN TIEMPOS DE CRISIS

La reciente revelación sobre el intento de duplicar el sueldo presidencial en Perú ha generado una justificada indignación. El documento oficial que confirma que fue el propio despacho de la presidenta Dina Boluarte quien inició el trámite para la valorización de su puesto desmonta cualquier intento del Ejecutivo de desviar responsabilidades. En un país donde miles de ciudadanos enfrentan precariedades económicas, la iniciativa de aumentar el salario presidencial a más del doble resulta no solo inoportuna, sino profundamente insensible.

Lo más preocupante no es únicamente el pedido en sí, sino el intento de encubrimiento. El hecho de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) haya clasificado el expediente como “confidencial” sugiere una voluntad clara de ocultar la cadena de decisiones que llevaba directamente hasta la jefa de Estado. Esto no responde a razones de seguridad nacional, sino al afán de proteger la imagen de una mandataria que pierde respaldo ciudadano a pasos acelerados.

La situación refleja una peligrosa desconexión entre el poder y la realidad. Mientras la inseguridad ciudadana se agudiza y la aprobación del gobierno se desploma, la presidenta parece más preocupada por su propio beneficio económico. La reacción airada de Boluarte tras la difusión del escándalo sólo refuerza la percepción de un liderazgo incapaz de asumir responsabilidad y más interesado en buscar culpables que en ofrecer explicaciones.

En una democracia correcta, la transparencia e informar la gestión de los recursos públicos no son opcionales. Este episodio evidencia una falta de ética política que mina aún más la confianza ciudadana. La presidenta Boluarte y su gabinete deben entender que el poder no otorga privilegios, sino que impone deberes. Y el primero de ellos es servir al país con honestidad, austeridad y compromiso.