SANTIVÁÑEZ SALIÓ POR LA PUERTA Y SE METIÓ POR LA VENTANA

Un retorno que sorprendió o uno que ya estaba previsto. Literalmente se metió por debajo de la puerta y volvió a nuestras vidas, el exministro del interior Juan José Santiváñez, tras ser censurado. Eso evidencia una preocupante desconexión entre las decisiones del gobierno y las demandas ciudadanas. Su nombramiento como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial plantea serias interrogantes sobre el compromiso del Ejecutivo con una gestión libre libre de dudas, sobre todo cuando el propio premier Gustavo Adrianzén normaliza su reincorporación al mandato de Dina Boluarte.

La gravedad de las investigaciones fiscales que pesan sobre Santiváñez, por abuso de autoridad y tráfico de influencias, no puede ser minimizada ni relativizada. Resulta alarmante que una figura bajo sospecha de manipular procesos judiciales y obstaculizar investigaciones fiscales sea ahora responsable de coordinar y manejar información estratégica para la Presidencia. Esta decisión no solo afecta la credibilidad del gobierno de Dina Boluarte, sino que también debilita aún más la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Más allá del cambio de funciones, resulta ingenuo pensar que un personaje marcado por su protagonismo mediático y enfrentamientos con las instituciones de justicia, podrá cumplir con el perfil técnico y reservado que exige su nuevo cargo. Las funciones que debe desempeñar, como la coordinación de información gubernamental y la asesoría en el desarrollo de la agenda presidencial, requieren transparencia, objetividad y sobre todo tener ética, cualidades hoy puestas en duda en la figura de Santiváñez.

Este regreso, teñido de polémica, parece más un acto de blindaje político que una apuesta por la eficiencia administrativa. En un contexto donde el descrédito de la clase política alcanza niveles históricos, el gobierno pierde una valiosa oportunidad de marcar distancia con prácticas que alimentan la desconfianza y el descontento ciudadano. No se trata de un simple nombramiento técnico, sino de un nuevo episodio que revela, una vez más, la poca importancia que el gobierno le da a las exigencias de un país que pide integridad y justicia.