EXTORSIONADORES NO DEJAN EN PAZ A TRANSPORTISTAS Y GOBIERNO NO HACE NADA

Parece que el paro de transportistas quedó en el ayer, debido a que los medios de comunicación no presentan casos recurrentes del delito  extorsión como solía hacerse semanas atrás. No obstante, los delincuentes cambiaron de objetivo, ahora su mira esta puesta en los colectiveros. La avenida Arequipa, una de las principales arterias viales de Lima, se ha convertido en el escenario de una nueva forma de violencia urbana: la extorsión a colectiveros.

Lo más alarmante es la organización casi empresarial con la que operan estas mafias. Coordinadores que actúan como intermediarios, pagos semanales exigidos bajo amenaza y grupos de WhatsApp controlados por extorsionadores son parte de un sistema criminal bien engrasado. Bandas como “Los Injertos del Rímac” no solo han infiltrado una actividad económica informal, sino que también han instaurado un régimen de miedo que pone en riesgo la vida de cientos de trabajadores y ciudadanos.

Este tipo de violencia revela una doble falla del Estado: por un lado, la ausencia de regulación efectiva sobre el transporte informal; por otro, la falta de acción concreta frente al crimen organizado que se adapta con rapidez a los vacíos legales y operativos. Mientras tanto, colectiveros como Juan no tienen más opción que pagar para sobrevivir o arriesgarse a consecuencias fatales. El miedo se ha normalizado en la vida de quienes simplemente intentan ganarse la vida.

Finalmente, urge una respuesta por parte de las autoridades, un trabajo articulado de los tres poderes del Estado, sobre todo del Judicial. Tenemos entidades de justicia que no la imparten mientras que los ciudadanos pagan las consecuencias de un gobierno incapaz de crear un plan a futuro para enfrentar la criminalidad que se pasea como Pedro por su casa. No se puede permitir que la extorsión se normalice como parte del paisaje urbano.