Se conoce diariamente que la criminalidad sigue ganando terreno en
nuestro país, ya que los gremios de transportistas, los colegios particulares y
las funerarias vienen padeciendo el flagelo del delito de extorsión. Sin
embargo, entre las medidas propuestas por el gobierno está el implementado
estado de emergencia en Lima y Callao, decretado el pasado 17 de marzo. Otra
medida que debe acatarse en los 30 días de esa prórroga es que las motocicletas
solo pueden circular con una persona.
De la misma manera, los choferes no pueden llevar elementos o accesorios complementarios que impidan o limiten la visibilidad del conductor. Sin embargo, la continuidad de asesinatos y extorsiones durante el primer mes del régimen de excepción cuestiona la efectividad real de esta estrategia. Po otra parte, el asesinato del cantante de Armonía 10 fue el detonante para declarar la emergencia inicial, pero los hechos violentos posteriores, incluyendo ataques a transportistas, demuestran que el problema va mucho más allá de la presencia militar o la limitación de movilidad.
Frente a las críticas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo
Adrianzén, defendió la estrategia del gobierno asegurando que los resultados
son “progresivos” y parte de un “proceso integral”. No obstante, la ciudadanía
continúa sintiéndose desprotegida, mientras las cifras de violencia no
disminuyen de forma tangible. Las declaraciones del Ejecutivo suenan más a
justificación que a rendir cuentas.
El combate contra la delincuencia requiere más que decretos de emergencia, se necesita una política de seguridad coherente, sostenida y articulada con gobiernos locales, sociedad civil y el sistema judicial. Prorrogar el estado de excepción puede ser necesario en momentos críticos, pero no puede convertirse en la norma. Si el gobierno no presenta resultados concretos a largo plazo, estas acciones corren el riesgo de convertirse en simples salvavidas momentáneos y al final quienes se ven expuestos ante la criminalidad son los ciudadanos.