El gobierno de Dina Boluarte decidió dar marcha atrás en su propuesta de implementar una franja informativa obligatoria en los medios de comunicación, tras recibir fuertes críticas de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), que consideró la medida un intento de "controlar el contenido" de los medios.
El gobierno de Dina Boluarte decidió dar marcha atrás en su propuesta de implementar una franja informativa obligatoria en los medios de comunicación, tras recibir fuertes críticas de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), que consideró la medida un intento de "controlar el contenido" de los medios. La organización gremial calificó la iniciativa como "inaceptable" en una democracia y alertó sobre los riesgos que suponía para la libertad de expresión.
Durante una conferencia posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Eduardo Arana, explicó que la propuesta buscaba asegurar que los medios informaran sobre las acciones del Ejecutivo en el marco del estado de emergencia contra la criminalidad. Según el ministro, la idea se basaba en el artículo 6 de la Ley de Radio y Televisión, que ya establece el apoyo de los medios en situaciones de emergencia. No obstante, reconoció que la falta de debate previo generó confusión sobre los alcances reales de la medida.
La ANP había advertido que esta iniciativa se enmarcaba en un contexto de constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y la prensa, especialmente por las críticas a la gestión de Boluarte y los escándalos de presunta corrupción en su entorno. Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la situación de la libertad de prensa en Perú, recordando que el país ha descendido en los rankings de libertad informativa en la región.
Por su parte, Boluarte defendió la labor de su gobierno en la lucha contra la delincuencia y sostuvo que "nadie puede negar que estamos dando pasos concretos" para mejorar la seguridad ciudadana. La mandataria enfatizó que este esfuerzo debe ser colectivo y que el compromiso de las instituciones y la ciudadanía es clave para garantizar la paz y la tranquilidad en el país.