SIN PLANIFICACIÓN, NI ESTRATEGIA PARA FRENAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA

El asesinato del vocalista de Armonía 10, Paul Flores, ha reavivado la discusión sobre la inseguridad en el Perú, exponiendo una crisis que parece estar fuera de control. La delincuencia organizada, el sicariato y la extorsión han convertido las calles en territorios de miedo, mientras que las respuestas del Estado siguen siendo ineficaces. En este contexto, la reacción del Congreso, al presentar mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, refleja más una estrategia política que una verdadera intención de combatir la criminalidad.

Expertos como Ricardo Valdés han señalado que este cambio de postura por parte de las bancadas parlamentarias responde más a intereses electorales que a un compromiso genuino con la seguridad ciudadana. La permisividad del Congreso frente al avance de la delincuencia solo se ha revertido cuando la indignación social ha puesto en riesgo su propia imagen. Esto confirma que, lejos de asumir su responsabilidad, los actores políticos están utilizando la crisis para posicionarse de cara a las elecciones de 2026, sin ofrecer soluciones reales.

A ello se suma la inoperancia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), órgano que debería liderar una estrategia integral contra la criminalidad, pero que ha demostrado ser incapaz de articular esfuerzos efectivos. Como bien advierte el exviceministro Valdés, la falta de un enfoque estructurado en los distintos niveles de la criminalidad impide que el sistema judicial, policial y penitenciario trabaje de manera coordinada. Mientras tanto, propuestas como el servicio militar obligatorio no hacen más que evidenciar la falta de visión y preparación del Gobierno para enfrentar esta crisis.

El Perú necesita políticas de seguridad basadas en evidencia, estrategias a largo plazo y un liderazgo que priorice el bienestar ciudadano por encima de los intereses políticos. Es momento de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo asuman su responsabilidad y tomen decisiones con criterio técnico, dejando de lado el oportunismo. La lucha contra la delincuencia no puede seguir siendo una herramienta de campaña; debe convertirse en una prioridad real y sostenida.