¿Y LA SEGURIDAD? ¿ PARA CUÁNDO?
El 2024 se perfila como uno de los años más violentos en el Perú, con más de 1.900 asesinatos registrados. A pesar de esta alarmante realidad, dos regiones, Tumbes y Callao no han ejecutado ni un solo sol de su presupuesto destinado a seguridad vecinal y comunal. Esta inacción resulta preocupante, especialmente cuando el Callao, una de las zonas más afectadas por la violencia, dispone de un presupuesto de más de S/ 23 millones que permanecen intactos. La ineficiencia en la gestión de estos fondos refleja una desconexión alarmante entre la asignación presupuestaria y la urgente necesidad de seguridad ciudadana.
El caso del Callao, liderado por Ciro Castillo Rojo, destaca por su contradicción: mientras se celebra una “Cumbre de Seguridad” con expertos internacionales, los índices de violencia siguen en aumento y los recursos destinados a combatir este problema no se utilizan. Si bien el gobierno regional asegura que estos fondos se destinarán a un proyecto en 2025, el retraso en la ejecución deja a la población desprotegida en un contexto de creciente inseguridad. Tumbes, por su parte, enfrenta una problemática distinta debido a su presupuesto exiguo de apenas S/ 28 mil, lo que subraya las desigualdades en la distribución de recursos entre las regiones.
En contraste, regiones como Ica y Amazonas han ejecutado el 100 % de sus presupuestos, aunque con montos notablemente diferentes. Esto pone de relieve no solo la importancia de una eficiente gestión de recursos, sino también la necesidad de reevaluar las asignaciones presupuestarias. ¿Cómo puede justificarse que regiones como Madre de Dios, con apenas S/ 5 mil, logren un uso efectivo de sus limitados fondos mientras otras con presupuestos millonarios permanecen inactivas? La disparidad en el manejo y la ejecución presupuestaria exige un replanteamiento del sistema de planificación y distribución.
La crisis de inseguridad en el Perú no es solo un problema de recursos, sino también de liderazgo y prioridades. Mientras que algunas regiones demuestran compromiso con la seguridad ciudadana, otras optan por la inacción y el discurso. Es imperativo que las autoridades nacionales y regionales sean más responsables con los presupuestos asignados, priorizando la protección de la ciudadanía. El país no puede permitirse seguir perdiendo vidas mientras los fondos para combatir el problema permanecen inmovilizados. Es momento de que la gestión eficiente y la seguridad de los peruanos se conviertan en una prioridad real y no en una promesa vacía.