ENTRE LAS DOS OPCIONES PRESIDENCIALES, ELIJO LA SEGURIDAD CIUDADANA
En Villa El Salvador, la conversación sobre las elecciones 2026 confirma una verdad incómoda: la ciudadanía ya no vota solo por afinidades políticas, sino por la capacidad real de enfrentar la inseguridad ciudadana. Frente a la pregunta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, los vecinos no solo expresan preferencias divididas, sino también una sensación compartida de hartazgo. La delincuencia ha dejado de ser una preocupación secundaria para convertirse en el centro del debate nacional, al punto de condicionar el voto y la confianza en cualquier candidatura.
Las voces recogidas reflejan una demanda concreta: leyes que protejan de verdad al ciudadano, no normas que terminen debilitando la seguridad. También aparece otra exigencia fundamental: equilibrio de poderes. Para muchos, entregar un poder absoluto a una sola opción sería abrir la puerta a salidas autoritarias, mientras que para otros ninguna de las propuestas alcanza todavía a convencerlos. Esa desconfianza no es casual; nace de una realidad marcada por robos, asesinatos y miedo cotidiano, donde trabajar o caminar con tranquilidad se ha vuelto una aspiración básica, no un derecho garantizado.
En ese contexto, las cifras recientes sobre criminalidad muestran tanto la gravedad del problema como la necesidad de sostener acciones efectivas. Entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2025 se reportaron 1,204 homicidios; en el mismo periodo de 2026, hasta el 13 de mayo a las 05:00 a. m., la cifra descendió a 936 casos. Esto representa una reducción de 268 homicidios, equivalente a cerca del 22.3%. Aunque el dato evidencia avances, también confirma que la violencia sigue siendo un desafío estructural que no admite triunfalismos.
Por eso, la próxima administración no podrá limitarse a prometer. Tendrá que explicar con claridad qué hará para fortalecer la prevención, cómo enfrentará el sicariato y el tráfico ilegal de armas, y de qué manera garantizará que la respuesta del Estado sea sostenida y no solo reactiva. La seguridad ciudadana debe ser una política de Estado, con inteligencia, patrullaje, coordinación institucional y resultados medibles. En una elección donde muchos ciudadanos aún dudan, la diferencia no la hará el discurso más estridente, sino la propuesta más seria y capaz de devolverles algo esencial: vivir sin miedo.