NUEVO GABINETE, PERO CONTINÚA LA INSEGURIDAD CIUDADANA
La crisis de seguridad ciudadana en el distrito de Villa El Salvador ha dejado de ser un problema cotidiano para convertirse en una situación límite. Las recientes protestas de vecinos de las asociaciones Percanacuy, Villa Trinidad, Leoncio Prado y WasiWasi reflejan un profundo sentimiento de abandono, alimentado por hechos graves como el asesinato del conductor de la empresa de transportes, Michael Hurtado y el incendio de una unidad de transporte de la línea Real Star. Estos episodios no solo evidencian el avance de la criminalidad, sino también la incapacidad de las autoridades para contener delitos como la extorsión y el sicariato, que hoy golpean con fuerza a sectores populares.
Las voces ciudadanas recogidas en las calles muestran una percepción generalizada de inseguridad, aunque con matices. Algunos reconocen esfuerzos puntuales del serenazgo, pero la mayoría coincide en señalar la ausencia de patrullaje policial y la ineficacia de las estrategias municipales. La delincuencia, según los propios vecinos, se ha normalizado en espacios tan cotidianos como bodegas, farmacias y unidades de transporte. Esta situación expone una peligrosa brecha entre las políticas de seguridad y la realidad que enfrentan los ciudadanos día a día.
Sin embargo, este escenario local no puede desligarse del contexto político nacional. La reciente renuncia de Denisse Miralles, en medio de un clima adverso en el Congreso y a pocas semanas de elecciones, agrava la sensación de inestabilidad institucional. Bajo el gobierno interino de José María Balcázar, el país enfrenta una nueva crisis ministerial que debilita la capacidad del Ejecutivo para responder con firmeza a problemas urgentes como la inseguridad. La designación de Luis Arroyo Sánche como premier, quien hasta ayer se desempeñó como ministro de Defensa hace sino evidenciar la incertidumbre política que atraviesa el país.
En este contexto, resulta evidente que la inseguridad no es solo un problema local, sino una consecuencia directa de la fragilidad del Estado. Sin estabilidad política, no hay políticas públicas sostenibles; y sin estas, la lucha contra el crimen queda reducida a esfuerzos aislados. La ciudadanía exige acciones concretas, no discursos ni cambios improvisados de gabinete. El reto es enorme: recuperar el control del territorio y la confianza de la población. De lo contrario, tanto en las calles de Villa El Salvador como en los pasillos del poder, seguirá imponiéndose la sensación de que el país avanza sin rumbo claro.