SI INCURRES EN ACTOS DELICTIVOS, SERÁS DETENIDO Y RECIBIRÁS EL UNIFORME DE PRESO
El anuncio del Gobierno peruano sobre el endurecimiento del control penitenciario marca un nuevo punto de inflexión en la política criminal del país. La obligatoriedad de rapar el cabello y el uso de un uniforme único para los internos se presentan como símbolos visibles de una reforma más amplia que busca recuperar el control del Estado sobre las cárceles, muchas de ellas señaladas como centros de operación del crimen organizado. En un contexto de creciente inseguridad ciudadana, la medida conecta con una demanda social clara: orden, disciplina y autoridad.
Desde el Ministerio de Justicia se argumenta que estas disposiciones no son meramente estéticas ni punitivas, sino funcionales. Facilitar la identificación de los reclusos en situaciones de emergencia, mejorar las condiciones de salubridad y evitar el ocultamiento de objetos prohibidos son objetivos razonables en un sistema penitenciario históricamente desbordado. La modificación del Código de Ejecución Penal y la implementación de un régimen especial más severo apuntan, en el papel, a cerrar espacios que hoy permiten la corrupción y el control interno por parte de mafias.
Sin embargo, el paquete de medidas va más allá de la imagen y la seguridad. La reducción de horas de patio, las restricciones a las visitas y la entonación obligatoria diaria del Himno Nacional plantean interrogantes sobre el equilibrio entre disciplina y resocialización. El riesgo es que el énfasis en el castigo termine debilitando el objetivo central del sistema penitenciario: la reinserción social. La creación de la SUNIR, que reemplazará al INPE, abre además un período de transición institucional que exigirá transparencia y capacidad técnica para no repetir errores del pasado.
El debate impulsado por las organizaciones de derechos humanos es, por tanto, necesario y oportuno. La lucha contra la criminalidad no puede desligarse del respeto a la dignidad humana, incluso —y especialmente— en contextos de privación de libertad. Un Estado fuerte no se mide solo por su capacidad de imponer orden, sino también por su compromiso con los principios democráticos. El desafío del Gobierno será demostrar que esta reforma penitenciaria no busca humillar, sino recuperar el control sin perder de vista la humanidad de quienes están bajo su custodia.