¿LAS ELECCIONES 2026 TRAERÁN JUSTICIA A LAS VÍCTIMAS DE LAS PROTESTAS SOCIALES?
El retorno del sistema bicameral a partir de las elecciones generales de 2026 marca un punto de inflexión en la arquitectura institucional del Perú. La Cámara de Diputados, con 130 miembros y atribuciones claramente definidas por la Ley N.° 31988, se convertirá en el eje político más cercano a la ciudadanía y, al mismo tiempo, en el principal contrapeso del Poder Ejecutivo. Su rol no será menor: iniciar leyes, fiscalizar directamente al Gobierno, otorgar o negar la confianza al Gabinete y activar mecanismos de control como la interpelación, la censura y las acusaciones constitucionales. Este rediseño exige representantes con solvencia ética, preparación técnica y una clara vocación democrática.
La fortaleza del nuevo Congreso no dependerá únicamente de la norma, sino del uso responsable de sus facultades. El enfoque regional de los diputados los obliga a mirar de frente las demandas locales, las brechas históricas y los conflictos sociales no resueltos. Sin embargo, esta cercanía también implica un riesgo: convertir la fiscalización en un arma política o caer en el cálculo coyuntural. La posibilidad de disolución de la Cámara de Diputados, en caso de una doble censura al Consejo de Ministros, refuerza la necesidad de equilibrio, diálogo y madurez institucional en el ejercicio del poder.
Este debate cobra mayor relevancia si se recuerda la profunda herida que dejaron las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Las cerca de 67 muertes registradas, en su mayoría civiles, evidencian una grave falla del Estado para gestionar el conflicto político y social sin recurrir a la violencia. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional no solo cuestionan el uso desproporcionado de la fuerza, sino que advierten sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, particularmente en regiones históricamente postergadas como Ayacucho y Puno. Estas conclusiones no pueden ser ignoradas por el nuevo Parlamento.
En ese sentido, la futura Cámara de Diputados tendrá una responsabilidad histórica: garantizar verdad, justicia y reparación, además de vigilar que el poder no vuelva a desbordarse contra los derechos fundamentales. La fiscalización del Ejecutivo, las comisiones investigadoras y el antejuicio político no deben ser instrumentos de revancha, sino de rendición de cuentas. El retorno a la bicameralidad solo tendrá sentido si se traduce en instituciones más humanas, más responsables y más comprometidas con la vida y la democracia. De lo contrario, será una reforma vacía frente a una ciudadanía que aún exige respuestas.