La alerta epidemiológica por la influenza A H3N2 no solo activa los protocolos sanitarios, también despierta una memoria colectiva que el país aún no termina de sanar. Basta escuchar la palabra “alerta” para que el Perú recuerde los días finales del 2019 y el oscuro 2020, cuando el COVID-19 nos obligó a separarnos, a encerrarnos y, sobre todo, a despedirnos. El distanciamiento social fue duro, pero nada se comparó con la rutina de la muerte: el anuncio de un vecino fallecido por los parlantes del barrio se convirtió en un golpe cotidiano que congelaba el alma.
Aquella pandemia también expuso una de las peores caras de la crisis: la del lucro sin escrúpulos. Las mascarillas dejaron de ser un insumo básico para convertirse en un negocio. Su precio se cuadruplicó, mientras que los respiradores N95 pasaron de costar S/ 6 a S/ 25 por unidad. La emergencia sanitaria se transformó en una oportunidad para algunos, confirmando que, incluso en medio del dolor colectivo, la salud puede convertirse en mercancía. Sobrevivir no fue solo resistir al virus, sino también al abuso.
Pero mientras la atención pública se centraba en proteger el cuerpo, se descuidó sistemáticamente la mente. La pandemia no solo enfermó pulmones, también quebró emociones. El estrés, la ansiedad y el miedo se instalaron en los hogares como un virus silencioso, alimentado por la incertidumbre, la inestabilidad económica y una avalancha de información contradictoria que lejos de tranquilizar, profundizaba el pánico. La salud mental quedó relegada a un segundo plano, como si el daño emocional fuera un efecto colateral menor.
Hoy, las cifras confirman que no lo fue. Tras el COVID-19, el Perú enfrenta una crisis de salud mental de gran magnitud. Más de 1.3 millones de atenciones por ansiedad, depresión y estrés postraumático, según el Ministerio de Salud, evidencian heridas que siguen abiertas. La amenaza de la influenza A H3N2 debería servir como advertencia: no podemos repetir los mismos errores. La prevención no puede limitarse a mascarillas y medicamentos; debe incluir políticas claras, información responsable y una atención real a la salud mental. Porque una nueva alerta sanitaria no solo pone en riesgo el cuerpo, también amenaza con reabrir cicatrices que el país aún no logra cerrar.