TERROR EN VILLA EL SALVADOR: LA CRIMINALIDAD SE DISPARA MIENTRAS LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD SE ESTANCA

En los últimos meses, Villa El Salvador ha sido escenario de una preocupante escalada de criminalidad. Este panorama se evidenció nuevamente hoy, cuando Jean Pierre Benaute Domínguez, de 27 años, fue asesinado a balazos en plena vía pública, cerca de un complejo deportivo ubicado en la avenida Arriba Perú. Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital de Villa El Salvador, falleció en el trayecto. Minutos antes del ataque, el joven había dejado a unos amigos y estacionaba su camioneta. Este hecho se suma a una serie de episodios violentos que reflejan un alarmante incremento de la inseguridad ciudadana que no muestra señales de retroceso.

A ello se suman las constantes extorsiones contra empresas de transporte. Un ejemplo es el caso de Vipusa, cuyos vehículos han sido atacados por delincuentes que aprovecharon la detención de una unidad en un paradero —frecuentado por estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú y de la Universidad Autónoma del Perú— para disparar varias veces contra la cabina del conductor. De igual manera, la empresa Santa Catalina sufrió atentados en su paradero inicial del distrito, donde los extorsionadores dejaron una nota exigiendo el pago de cupos.

La empresa San Juan, conocida como “Los Rojitos”, también fue víctima de estos ataques. En esta ocasión, el atentado no solo cobró la vida del conductor, sino también la de una vendedora ambulante. Casos como este se repiten con mayor frecuencia, evidenciando que la criminalidad no solo afecta a empresas de transporte, sino también a pequeños emprendedores. Muchos de ellos, en situación de informalidad, dependen de sus negocios ambulantes para cubrir sus necesidades básicas; sin embargo, ahora también son blanco de extorsiones, lo que agrava su vulnerabilidad y contribuye al incremento de la pobreza en el distrito.

En este contexto, la elevada tasa de crímenes registrada en los últimos meses resulta innegable. A pesar de la implementación de cámaras de videovigilancia, las extorsiones y ataques armados continúan. Además, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) en los primeros 31 días del estado de emergencia declarado el 22 de octubre, las cifras registradas ascendieron a 61 homicidios entre Lima y Callao. Números rojos en una sociedad que se tiñe del mismo color diariamente.

POR: NASHELY TACILLA