LA PRENSA BAJO CANDADO
El proyecto presentado por el Gobierno de José Jerí para modificar el Código Penal e incorporar el delito de revelación de información reservada ha encendido una alerta legítima entre las organizaciones de prensa. Aunque la propuesta se enmarca en un pedido amplio de facultades legislativas ligadas a la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen y el fortalecimiento institucional, su alcance plantea riesgos directos para el ejercicio del periodismo. En un contexto de alto interés público por la fiscalización del poder político, cualquier vía legal que permita restringir la circulación de información debe analizarse con estricto rigor democrático.
Desde el Consejo de la Prensa Peruana, su director Rodrigo Salazar Zimmermann ha advertido que la norma, tal como está planteada, podría ser utilizada para perseguir a periodistas. La amplitud del concepto de “información reservada” abriría la puerta a interpretaciones discrecionales que permitirían iniciar procesos penales contra quienes difundan datos de relevancia pública. Si un fiscal considera que una publicación periodística toca información policial en investigación, podría usar esta figura penal como herramienta intimidatoria. Por ello, la propuesta de establecer un “candado” que excluya explícitamente el trabajo periodístico no es una exigencia corporativa, sino una salvaguarda democrática.
No es menor la preocupación de que la norma termine actuando como un manto protector para instituciones como la Policía Nacional, justo en un clima de creciente inseguridad en las calles. La fiscalización pública es parte esencial del control ciudadano y no puede quedar sujeta al temor de sanciones penales. La experiencia reciente demuestra que los intentos de restringir a la prensa no son excepcionales: durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte ya se plantearon medidas similares bajo el argumento de mantener el orden y controlar las protestas sociales. La memoria institucional recuerda que cuando se debilita la transparencia, se fortalecen la impunidad y la corrupción.
El llamado de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú refuerza la gravedad del escenario. Si se criminaliza la difusión de información, se vulnera el derecho del ciudadano a estar informado, se amenaza la protección de fuentes y se debilita la vigilancia democrática. Cualquier reforma penal relacionada con el manejo de información debe ser debatida abierta y ampliamente, no aprobada bajo la urgencia de un pedido de facultades. La seguridad no puede construirse restringiendo libertades fundamentales. El reto del Congreso será, por tanto, legislar con cuidado, equilibrio y garantías claras: proteger la reserva necesaria para investigaciones penales sin convertir la transparencia en una amenaza punible. En democracia, el periodismo no es un riesgo, sino un pilar irrenunciable.