VIOLENCIA HACIA LA MUJER: LA EPIDEMIA SILENCIOSA QUE NO RESPETA A NADIE

  A pesar de los avances legislativos y de la creciente visibilidad del problema, la violencia contra la mujer sigue siendo una epidemia silenciosa que atraviesa regiones, clases sociales y niveles educativos. El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), basado en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024, revela una realidad estremecedora: más de la mitad de mujeres peruanas entre 15 y 49 años (52,0%) ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida. Estas cifras no solo confirman la gravedad del problema, sino que exigen que dejemos de normalizar conductas que vulneran derechos fundamentales y perpetúan un sistema de desigualdad profundamente arraigado.

Las formas de violencia que enfrentan las mujeres son múltiples y, muchas veces, simultáneas. El 48,4% ha sido víctima de violencia psicológica o verbal, una modalidad que—aunque no deja huellas visibles—erosiona la autoestima y afecta la salud mental de forma duradera. El 25,5% sufrió agresiones físicas y un preocupante 5,6% fue alguna vez a violencia sexual. A estas se suman otras manifestaciones como la violencia económica, digital y simbólica, todas enmarcadas en estructuras machistas que justifican la dominación masculina y la impunidad. Cada agresión, independientemente de su forma, constituye una violación de los derechos humanos.

Los datos también evidencian cómo la violencia impacta dependiendo del contexto personal y social. El 77,4% de las mujeres víctimas de violencia son divorciadas, viudas o separadas, lo que sugiere que el maltrato no solo destruye los vínculos afectivos, sino que muchas veces obliga a rupturas forzadas para sobrevivir. Por nivel educativo, la violencia no se distingue con claridad: afecta al 54,6% de mujeres con primaria, al 55,0% con secundaria y al 47,3% con educación superior. Estos porcentajes derriban el mito de que la educación por sí sola es una barrera suficiente para evitar el abuso, recordándonos que la raíz del problema es estructural, cultural y sistémica.

Frente a este panorama, el silencio y la indiferencia no son opciones. El Estado debe fortalecer los mecanismos de protección, garantizar que la justicia actúe sin dilataciones y promover una educación afectiva que enseñe igualdad desde edades tempranas. Pero la responsabilidad no es solo institucional: la sociedad entera debe cuestionar y desmantelar los estereotipos que perpetúan la violencia. Cada cifra representa una vida marcada por el miedo, la vulneración y, en algunos casos, la muerte. Convertir estos datos en motor de cambio es un imperativo moral. Sólo así podremos aspirar a un país donde ninguna mujer tema por su integridad física, emocional o económica, y donde la igualdad deje de ser una promesa para convertirse en realidad.