UN MES DE JOSÉ JERÍ EN EL SILLÓN PRESIDENCIAL

A un mes de la llegada de José Jerí a la Presidencia, tras la vacancia de Dina Boluarte, el país enfrenta una realidad que desmiente cualquier expectativa de cambio inmediato: la inseguridad ciudadana continúa golpeando con igual o mayor fuerza. La declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao no ha logrado frenar la ola criminal que asfixia a ambas regiones. Las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) evidencian un panorama preocupante: 147 homicidios entre el 10 de octubre y el 7 de noviembre, con jornadas particularmente sangrientas que retratan la incapacidad estatal para garantizar un mínimo de protección en las calles.

El detalle de los registros expone aún más la gravedad del problema. Lima y Huaura concentran la mayor cantidad de asesinatos, en su mayoría cometidos con armas de fuego. Además, persisten inconsistencias alarmantes, como 23 muertes violentas clasificadas como “ignoradas” pese a haber sido ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, lo que revela fallas en el sistema de registro y en la capacidad del Estado para comprender y enfrentar la magnitud del delito. Incluso bajo el estado de emergencia, las cifras no ceden: 24 homicidios en Lima y 5 en el Callao desde su instauración. A ello se suma un país donde las extorsiones alcanzan niveles récord —más de 23 mil casos en diez meses— y los homicidios superan los 1.900 en lo que va del año.

Jerí sostiene que su gobierno actúa con un estilo “más directo y cercano”, que prioriza la presencia y la acción inmediata. Si bien ha encabezado operativos y ha visitado penales, la realidad estructural del sistema penitenciario evidencia la precariedad de estos esfuerzos: solo 30 de los 68 penales del país cuentan con bloqueadores de señal, un instrumento básico para combatir la extorsión que hoy es uno de los delitos más extendidos. El discurso presidencial insiste en que la primera meta fue evitar que los indicadores sigan subiendo, pero sin cifras claras, plazos concretos ni estrategias detalladas, la promesa de reducción del crimen se queda en un plano declarativo.

El anuncio de una gira nacional de tres meses sugiere un intento de reforzar la presencia territorial y recuperar legitimidad ante un país cansado, pero la ciudadanía espera más que una agenda de viajes: exige resultados verificables. Jerí afirma que no recibe sueldo como presidente y mantiene su remuneración de congresista, un gesto simbólico que, sin políticas efectivas detrás, no compensa la urgencia de soluciones reales. A un mes de gobierno, el balance deja una conclusión inevitable: la crisis de inseguridad no retrocede con discursos ni con presencia mediática, sino con decisiones profundas, sostenidas y medibles. El país necesita menos anuncios y más acciones que transformen verdaderamente la vida de quienes hoy viven bajo la amenaza constante del crimen.