¿UN ESTADO DE EMERGENCIA ACTUALIZADO PARA REDUCIR LA CRIMINALIDAD?
El anuncio del presidente José Jerí sobre la
actualización del estado de emergencia en Lima y Callao refleja el
reconocimiento de que la delincuencia organizada ha aprendido a adaptarse a las
acciones del Estado. Desde su implementación el miércoles 22 de octubre, la
medida permitió ejecutar más de 2,500 operativos y detener a 3,000 personas;
sin embargo, la violencia y la extorsión continúan golpeando a los ciudadanos.
En este escenario, el cambio de estrategia no solo es necesario, sino urgente,
pero debe ser mucho más que una respuesta policial o militar: requiere
inteligencia, planificación y una visión integral de seguridad ciudadana.
El mandatario acierta al señalar que el crimen también cambia de forma y territorio, obligando al Estado a actualizar sus tácticas. No obstante, el énfasis en la reacción inmediata debe equilibrarse con una política de prevención sostenible. Las mafias que operan en Gamarra, San Juan de Lurigancho o el Callao no solo se alimentan del miedo, sino también de la falta de oportunidades y del abandono de Estado. Sin políticas sociales y económicas que complementen la represión, cada operativo corre el riesgo de ser un esfuerzo aislado frente a un problema estructural.
Asimismo, el reforzamiento del patrullaje y la presencia militar en zonas críticas puede generar un efecto temporal de control, pero no sustituye la necesidad de fortalecer la inteligencia policial y la capacidad investigativa del Ministerio Público. El verdadero golpe al crimen organizado no se logra con más armas en las calles, sino desmantelando las redes de financiamiento, corrupción y lavado de activos que las sostienen. La seguridad no puede depender únicamente del número de uniformados, sino de la eficacia del Estado en todos sus niveles.
La ciudadanía demanda resultados concretos y sostenibles. El mensaje presidencial debe traducirse en un compromiso nacional que una a autoridades, empresarios y vecinos en torno a una misma causa: recuperar la paz sin sacrificar derechos ni libertades. La “actualización” del estado de emergencia puede ser una oportunidad para corregir errores y consolidar una estrategia integral. Pero si vuelve a centrarse solo en la fuerza, será un parche más en una guerra que el país no puede seguir perdiendo.