UN VOTO DE CONFIANZA PARA UN REPETIDO ESTADO DE EMERGENCIA
El estado de emergencia en Lima Metropolitana y el
Callao marca un nuevo intento del Gobierno peruano por contener la ola de
violencia que ha desbordado a las autoridades. El Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM,
vigente desde el 22 de octubre, otorga amplias facultades a la Policía Nacional
con el apoyo de las Fuerzas Armadas, restringiendo derechos ciudadanos con el
fin de recuperar el control del orden interno. La medida responde a una
realidad innegable: homicidios, extorsiones y redes de narcotráfico han
convertido a la capital y al primer puerto en escenarios de impunidad. Sin
embargo, declarar la emergencia no puede ser un sustituto de una política
sostenida de seguridad pública.
El Ejecutivo, liderado por el presidente José Jerí, busca transmitir firmeza y capacidad de respuesta ante el deterioro de la seguridad ciudadana. Las acciones concretas —desde la restricción de visitas en penales hasta la fiscalización de motocicletas y la suspensión de líneas telefónicas ligadas al crimen— apuntan a desarticular estructuras delictivas enquistadas en los barrios y centros penitenciarios. No obstante, el éxito de esta intervención dependerá de la coordinación efectiva entre las fuerzas combinadas y del uso responsable de las facultades excepcionales, evitando excesos o vulneraciones de derechos que solo agravarían la desconfianza ciudadana.
En paralelo, el voto de confianza otorgado al gabinete de Ernesto Álvarez refuerza el respaldo político a estas medidas. Con 79 votos a favor, el Congreso ha dado luz verde a un plan de acción que pone la seguridad y la gobernabilidad en el centro de la agenda nacional. La presentación de ejes estratégicos —transición democrática, impulso económico, reconciliación y soberanía— intenta proyectar un gobierno de corto plazo, pero con objetivos concretos y rendición pública de resultados. El anuncio de que ningún ministro postulará en las próximas elecciones es una señal positiva que busca despejar dudas sobre intereses partidarios.
El reto, sin embargo, será sostener la eficacia y transparencia del estado de emergencia más allá del discurso. El Perú no necesita respuestas reactivas, sino políticas integrales que combinen prevención, inteligencia y justicia efectiva. Si este nuevo ciclo de emergencia se convierte en un punto de inflexión para reformar la seguridad y fortalecer la institucionalidad, habrá valido la pena el sacrificio temporal de libertades. Pero si termina siendo una medida más sin resultados tangibles, solo confirmará que el país sigue atrapado en un ciclo de urgencias sin soluciones duraderas.