PERÚ CAMBIA DE PRESIDENTE PARA SEGUIR IGUAL O PEOR: DE BOLUARTE A JERÍ, DEL FUEGO A LAS BRASAS

La vacancia de la presidenta Dina Boluarte marca un nuevo capítulo en la prolongada crisis institucional del Perú. Con 122 votos a favor, el Congreso puso fin a un gobierno duramente cuestionado por su inacción frente al avance del crimen organizado, el sicariato y la extorsión. La figura de la “incapacidad moral permanente” volvió a ser usada como instrumento de control político, esta vez en un contexto donde la inseguridad ciudadana alcanzó niveles alarmantes y la mandataria se mostró ausente de decisiones firmes. No obstante, también cabe cuestionar si esta decisión fue motivada por un auténtico interés en corregir el rumbo del país o por conveniencias políticas de las bancadas que hasta hace poco sostenían a Boluarte en el poder.

Paradójicamente, la salida de una presidenta bajo múltiples cuestionamientos fiscales ha abierto paso a un sucesor igualmente controvertido. José Jerí, titular del Congreso y ahora presidente interino, enfrenta serias denuncias que comprometen su legitimidad: acusaciones de abuso sexual, desobediencia a la autoridad y presuntos actos de corrupción relacionados con su paso por la Comisión de Presupuesto. La figura que debía ofrecer un puente de transición y estabilidad, en cambio, genera más incertidumbre. La sucesión constitucional, lejos de traer calma, evidencia el deterioro de las instituciones y la urgencia de una reforma política estructural.

Este relevo presidencial revela, además, un patrón peligroso en la dinámica política del país: el uso sistemático de la vacancia como mecanismo de ajuste de cuentas entre facciones parlamentarias. Dina Boluarte, al igual que sus predecesores, fue sostenida por una mayoría congresal hasta que dejó de servir a ciertos intereses. Los partidos que ahora impulsaron su salida fueron los mismos que previamente bloquearon mociones similares, incluso en medio de escándalos como los Rolex, las cirugías estéticas o las muertes en las protestas sociales. Esta doble moral parlamentaria debilita aún más la confianza ciudadana en la clase política y evidencia que la gobernabilidad sigue estando al servicio del cálculo político, más que del bienestar colectivo.

Ante este panorama, el Perú necesita más que un nuevo presidente: requiere recuperar la ética pública, la transparencia y el respeto a la ley. La alternancia en el poder solo tendrá sentido si va acompañada de un compromiso real con la rendición de cuentas y la integridad. La ciudadanía observa con escepticismo y cansancio, pero también con una creciente exigencia de renovación. Ni la impunidad disfrazada de legalidad ni los relevos marcados por la sombra de delitos graves pueden seguir siendo el estándar. El momento exige reformas profundas, elecciones limpias y un liderazgo que no esté comprometido con el pasado, sino con el futuro.