El reciente discurso de la presidenta Dina Boluarte,
en el que acusa a los jóvenes manifestantes de estar manipulados por intereses
políticos, ha encendido aún más el descontento social. En lugar de tender
puentes con quienes hoy encarnan la voz del cambio, el Gobierno parece optar
por la descalificación. Los estudiantes de la llamada Generación Z, que han
salido a las calles para exigir respuestas frente a la delincuencia, la
corrupción y la precariedad del Estado, no se reconocen en las estructuras partidarias
tradicionales ni en los liderazgos de siempre. Su movilización, espontánea y
diversa, refleja el hartazgo de una juventud que se siente marginada por un
sistema que no escucha.
La respuesta oficial no solo ha sido política, sino también represiva. Las imágenes de heridos, periodistas agredidos y el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas revelan una peligrosa tendencia a criminalizar la protesta. Cuando un Estado responde con violencia en lugar de diálogo, profundiza las brechas de desconfianza y empuja a más ciudadanos a cuestionar su legitimidad. Resulta alarmante que se minimicen las denuncias de hostigamiento y que se intente reducir un movimiento social a simples “manipulaciones”, cuando lo que está en juego es un profundo malestar colectivo.
La juventud peruana, que hoy encabeza marchas y debates públicos, no busca prebendas ni promesas vacías. Reclama dignidad, oportunidades reales y un país donde participar políticamente no sea sinónimo de riesgo o decepción. El ofrecimiento de becas o capacitaciones no resuelve las causas estructurales del problema: la falta de empleo digno, la corrupción que debilita la confianza en las instituciones y la inseguridad que se vive a diario. Lo que piden los jóvenes es coherencia, transparencia y una mirada de futuro, no discursos paternalistas ni gestos simbólicos.
El Perú enfrenta una generación que no se conforma, que cuestiona y exige sin miedo. Desoír su voz sería un grave error histórico. Más que sospechar de su autonomía, el Estado debería escucharla con respeto y aprender de su valentía. Porque cuando los jóvenes se movilizan no lo hacen por manipulación, sino por convicción. Y en un país donde la política ha perdido credibilidad, esa convicción ciudadana podría ser precisamente el primer paso hacia la reconstrucción de la confianza nacional.