UN NUEVO DE PARO DE TRANSPORTISTAS CONTRA LA CRIMINALIDAD
El anunciado paro de más de 12 mil vehículos de transporte urbano en Lima y Callao este jueves 2 de octubre refleja una crisis profunda en materia de seguridad pública y gobernabilidad. La medida, convocada por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, responde a un escenario de violencia y extorsión que se ha vuelto insostenible. Los transportistas denuncian que sus choferes y pasajeros están en riesgo directo ante amenazas, asesinatos y cobros ilegales, lo que configura un panorama de inseguridad extrema que el Estado ha sido incapaz de enfrentar con firmeza.
El problema no es nuevo. Durante años, el Gobierno prometió medidas concretas, como la instalación de cámaras de vigilancia en los buses o la implementación de patrullajes policiales, pero ninguna de esas promesas se cumplió. La ausencia de coordinación entre la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía agrava la situación, dejando a las empresas y a sus trabajadores en una vulnerabilidad constante. Ante cada crimen, la respuesta oficial es tardía o meramente declarativa, mientras las mafias avanzan con impunidad.
En ese contexto, los gremios de transporte no solo han decidido paralizar sus unidades, sino también presentar una propuesta: la creación de un grupo élite contra la extorsión, conformado por policías, fiscales y jueces comprometidos con la honestidad. La exigencia, que será llevada en documento oficial al Congreso, apunta a una intervención focalizada en las zonas más críticas como Lima, Callao y Trujillo. Sin embargo, la desconfianza hacia las instituciones públicas es tan alta que muchos temen que esta iniciativa quede archivada como otras anteriores.
El paro, que involucra a más de 70 empresas y amenaza con paralizar rutas clave como Lima Este y la Carretera Central, tendrá un fuerte impacto en la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Pero más allá de la congestión y las incomodidades que ocasionará, el trasfondo de esta medida es un grito desesperado por seguridad y justicia. Si el Estado no responde con acciones efectivas y sostenidas, el riesgo no solo será la radicalización del paro, sino también la consolidación de un país rehén de la criminalidad.