VILLA EL SALVADOR: COLEGIOS EN CRISIS ENTRE LA DESCONFIANZA Y PRECARIEDAD
La educación pública debe ser un espacio de confianza y corresponsabilidad entre las familias, los docentes y las autoridades escolares. Sin embargo, las recientes denuncias de padres de familia en Villa El Salvador reflejan una preocupante fractura en esa relación. En la Institución Educativa N.° 7093 República de Francia, los apoderados denunciaron restricciones impuestas por la directora durante las olimpiadas escolares, además de presuntas irregularidades en el manejo de recursos y cobros indebidos. Estas medidas, lejos de fortalecer la comunidad educativa, generan desconfianza y vulneran el derecho de los padres a participar en la formación y bienestar de sus hijos.
El reclamo de los padres trasciende la anécdota de un evento deportivo: cuestiona un modelo de gestión que, según ellos, impone pagos bajo la figura de “donaciones obligatorias” y no ofrece mejoras tangibles en infraestructura o servicios. A ello se suman denuncias graves de represalias contra quienes elevan sus quejas a instancias superiores. Este escenario evidencia la urgencia de auditorías transparentes y de la intervención inmediata de la UGEL y el Ministerio de Educación, no solo para fiscalizar cuentas, sino para garantizar un entorno seguro e inclusivo para los estudiantes.
El caso de la Institución Educativa N° 7084 Peruano Suizo, donde a través de una denuncia ciudadana al WhatsApp del medio de comunicación señala que un aula presenta deficiencias estructurales en el techo, es otro ejemplo de la precariedad que amenaza a la educación pública. La ausencia de información oficial por parte de la dirección incrementa la incertidumbre y pone en riesgo la seguridad de los alumnos. Este silencio administrativo no solo refleja negligencia, sino también una falta de respeto hacia las familias que depositan su confianza en la institución. El derecho a la información clara y oportuna es tan esencial como la garantía de un espacio físico adecuado para aprender.
Ambas situaciones demuestran que la transparencia, la participación de los padres y la seguridad de los estudiantes no son opcionales: son condiciones indispensables para una educación de calidad. La autoridad educativa no puede mantenerse indiferente frente a denuncias que comprometen la integridad emocional y física de los niños. Si el Estado no actúa con firmeza, se corre el riesgo de normalizar prácticas de exclusión y negligencia que atentan contra el futuro de miles de estudiantes. La educación necesita escuelas abiertas, democráticas y seguras, donde la voz de los padres sea escuchada y respetada como parte fundamental del proceso educativo.