¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS DEBERÍA PERMITIRSE LEGALMENTE EL ABORTO?
El
estudio “Mujeres, vida y cotidianidad: Encuesta nacional sobre percepciones y
experiencias de aborto en el Perú”, elaborado por Ipsos para DEMUS y Aprodeh,
junto con la investigación “Abortar en el margen”, coloca en el centro del
debate una verdad incómoda: en el Perú, el aborto terapéutico lleva más de un
siglo siendo legal, pero en la práctica sigue siendo inaccesible. La falta de
información, la desinformación deliberada y la negativa de profesionales de
salud –ya sea por miedo a denuncias o por convicciones personales– evidencian
un Estado que se desentiende de garantizar derechos básicos vinculados a la
vida y la salud de las mujeres y personas gestantes.
Los resultados de la encuesta son reveladores: el 78% de peruanas respalda el aborto cuando la vida está en riesgo y el 63% lo apoya en casos de violación sexual. Estos porcentajes, lejos de ser marginales, demuestran un consenso social que supera prejuicios ideológicos y religiosos. Sin embargo, apenas el 27% de mujeres conoce el aborto terapéutico, lo que subraya la ausencia de campañas estatales efectivas y desnuda la indiferencia hacia una política pública que debería ser elemental para garantizar derechos humanos.
La
investigación sobre experiencias de transmasculinidades y personas no binarias
suma otra dimensión a la urgencia: la salud sexual y (no) reproductiva sigue
estando marcada por exclusión, discriminación y violencia. El lenguaje no
inclusivo, el trato humillante y la invisibilización de identidades son
prácticas cotidianas que expulsan a estas personas del sistema de salud. El
derecho a interrumpir un embarazo no puede seguir siendo leído desde una mirada
reduccionista y heteronormativa; el país debe ampliar su comprensión sobre
quiénes son las personas que requieren este servicio.
Este debate no es solo sobre aborto: es sobre justicia, dignidad e igualdad. Mientras la sociedad peruana reconoce su carácter machista (58% así lo señala), el Estado permanece rezagado en asumir su obligación de garantizar derechos reproductivos sin discriminación. El llamado es claro: la información debe democratizarse, las barreras institucionales deben caer y las decisiones sobre el propio cuerpo deben dejar de ser criminalizadas. Hablar de aborto en el Perú ya no es un tabú; ignorar las demandas de las mayorías, sí lo es.