La violencia extorsiva ha vuelto a teñir de sangre
las calles de Lima, esta vez en Villa El Salvador, donde el mototaxista César
González Tataje de 40 años fue asesinado por negarse a seguir pagando cupos de
S/. 5.00 soles. Su muerte es un recordatorio brutal de la vulnerabilidad en la
que viven cientos de transportistas que, bajo la amenaza permanente de las
bandas criminales, ven limitado su derecho a trabajar en paz. El drama que hoy
enluta a una familia no es un hecho aislado, sino parte de un patrón cada vez
más extendido que golpea con fuerza a la sociedad.
El relato de la esposa de la víctima revela la crudeza del dilema que enfrentan estos trabajadores: pagar a los delincuentes o arriesgar la vida. González dejó de hacerlo por convicción y necesidad, y la consecuencia fue fatal. Esta realidad expone no solo la brutalidad de las mafias, sino también la precariedad de un Estado incapaz de garantizar seguridad a sus ciudadanos más vulnerables. El caso refleja una normalización del miedo, donde la extorsión ya no es un rumor, sino una condena diaria que asfixia a las familias trabajadoras.
La ola de violencia no se limita a un distrito. En el Cercado de Lima, una combi repleta de pasajeros fue atacada a balazos, dejando heridos y sembrando pánico entre conductores y usuarios del transporte público. La aparición de cartas extorsivas con cobros fijos por unidad muestra el grado de organización y descaro con el que actúan estas mafias, que han convertido las calles en un campo minado para quienes solo buscan ganarse la vida. Frente a esta situación, la indignación de los transportistas es más que legítima: su sustento y su vida están en juego.
El Estado no puede seguir actuando como espectador ante una criminalidad que avanza con absoluta impunidad. Urge una estrategia firme y sostenida que combine inteligencia policial, desarticulación de bandas y un sistema judicial que no ceda terreno al miedo ni a la corrupción. La extorsión es hoy una forma de terrorismo urbano que está destruyendo el tejido social y económico de nuestras ciudades. La muerte de César González Tataje y los ataques recientes deben ser un punto de quiebre: el país no puede resignarse a vivir bajo el imperio del crimen.