PERÚ SIN PRENSA LIBRE
La libertad de prensa en el Perú atraviesa un
momento crítico. La solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de
Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas
Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca, en el marco de un cuestionado proceso
por presunto cohecho, representa una grave amenaza al ejercicio del periodismo.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
han advertido que este tipo de medidas vulneran derechos fundamentales, generan
un efecto intimidatorio y debilitan la confidencialidad de las fuentes, pilar
de la investigación periodística. Convertir estas prácticas en algo
“normalizado” abre la puerta a la persecución disfrazada de justicia.
A esta preocupante tendencia se suma la escalada de hostigamiento político contra la prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien lanzó recientemente un llamado explícito a la violencia contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, lo que constituye no solo un acto de intolerancia, sino una incitación directa al daño físico e incluso letal. Esta actitud no es un hecho aislado: forma parte de una campaña sostenida de desprestigio y desinformación contra quienes revelan casos de corrupción que afectan a figuras con poder político y económico. El periodismo de investigación en el Perú se enfrenta así no solo a intentos de amordazamiento judicial, sino también a discursos que buscan instalar la violencia como herramienta política.
Ambos casos reflejan un patrón: las instituciones del Estado y ciertos actores políticos están cruzando límites que ponen en riesgo la democracia. El levantamiento del secreto de las comunicaciones sin justificación sólida y los discursos de odio contra periodistas buscan, en el fondo, debilitar el rol fiscalizador de la prensa. Sin libertad para investigar y sin garantías para informar sin represalias, se fragiliza el derecho ciudadano a conocer la verdad. Y cuando los periodistas se convierten en blanco de persecución judicial o amenazas, el mensaje que se transmite es claro: informar puede costar caro.
El país necesita recordar que sin prensa libre no hay democracia plena. Las investigaciones periodísticas han sido decisivas para destapar redes de corrupción y abusos de poder que el sistema judicial, muchas veces, no logró desentrañar por sí solo. Por ello, los intentos de silenciar, intimidar o vulnerar la labor de los periodistas deben ser rechazados con firmeza. Defender la libertad de prensa no es defender a individuos, sino proteger el derecho colectivo a la verdad. En un contexto de crecientes amenazas, la sociedad debe cerrar filas contra toda forma de censura, intimidación o violencia que busque someter a la prensa independiente.