UN COSTOSO PENALON Y UN LAGARTO CON SUERTE
La construcción de un nuevo penal en la isla El
Frontón, anunciada por la presidenta Dina Boluarte, ha puesto en agenda la
urgencia de enfrentar el hacinamiento carcelario y la creciente inseguridad en
el país. Con un costo estimado de 500 millones de soles y capacidad para 2000
internos de alta peligrosidad, el proyecto se presenta como una medida técnica
y necesaria, aunque insuficiente para resolver por completo la crisis
penitenciaria. El Gobierno ha advertido que será el primero de varios penales,
lo que revela la magnitud del problema y la intención de proyectar una política
de “mano dura” frente al delito.
Sin embargo, la iniciativa no está libre de cuestionamientos. Autoridades locales, como el Municipio de La Punta, han expresado su rechazo al considerar que la construcción pondrá en riesgo la tranquilidad de su distrito. A ello se suman las voces de exjefes del INPE y exministros que señalan la inviabilidad técnica y administrativa de levantar un penal de estas características en el corto tiempo que le resta al actual Gobierno. Para algunos, el proyecto no es más que un gesto simbólico que busca mostrar firmeza ante la delincuencia, pero que carece de una visión integral para enfrentar la crisis penitenciaria.
En paralelo, el país ha sido testigo de otro episodio que refleja la fragilidad del sistema judicial y penitenciario: la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra. La Corte Superior revocó la prisión preventiva en su contra, al no encontrar sustento suficiente en los argumentos de la Fiscalía. Recordemos que el exmandatario enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’ cuando era gobernador regional.
Ambos hechos —la construcción de un penal y la liberación de un expresidente— ilustran la necesidad de repensar la política criminal y penitenciaria del país. Más cárceles pueden ser parte de la respuesta, pero no sustituyen a reformas estructurales en el sistema judicial, en la gestión penitenciaria y en la prevención del delito. El Perú requiere soluciones sostenibles que combinen infraestructura, transparencia y justicia eficiente, no solo medidas de impacto mediático que, al final, pueden convertirse en parches a problemas de fondo.