ENTRE AUMENTOS DE SUELDO Y PROMESAS VACÍAS, SANTIVÁÑEZ VUELVE AL RUEDO

El país presencia dos hechos que, aunque distintos, reflejan la misma lógica de poder desconectado de la ciudadanía. Por un lado, la Comisión de Constitución debate un predictamen que busca fijar el sueldo de los futuros senadores y diputados en más de S/34 mil mensuales, cifra que con beneficios podría elevarse a S/42 mil. Esto ocurre mientras la presidenta Dina Boluarte ya concretó el incremento de su propio salario, en un contexto donde el sueldo mínimo vital apenas llega a S/1.130. El contraste es brutal y revela la falta de sensibilidad de quienes gobiernan frente a las carencias de la población.

A ello se suma la reincorporación al Gabinete de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, pese a sus antecedentes cuestionados y a haber sido censurado en marzo cuando ocupaba la cartera del Interior. Que un funcionario investigado por presunta interferencia y con vínculos polémicos regrese a ocupar un cargo clave en el Ejecutivo refuerza la percepción de que la política peruana opera más bajo la lógica de la repartición de cuotas y lealtades, que bajo criterios de mérito, ética y transparencia.

Ambos episodios son caras de una misma moneda: la consolidación de privilegios políticos en un país que clama por cambios reales. Los congresistas ya perciben cerca de S/29 mil mensuales y pueden superar los S/53 mil en diciembre, acumulando más de S/1.7 millones en un periodo parlamentario. Pese a ello, se justifican incrementos salariales bajo el argumento de “necesidades básicas”. Mientras tanto, figuras como Santiváñez regresan a puestos de poder pese a cuestionamientos graves, como si los antecedentes no fueran un impedimento en la administración pública.

La ciudadanía percibe con razón que sus representantes trabajan y gobiernan pensando primero en sí mismos. Aumentarse sueldos desmesuradamente y reincorporar ministros con pasados polémicos son decisiones que debilitan la aprobación en las instituciones. En un Perú golpeado por la desigualdad y la inseguridad, la prioridad debería ser atender las necesidades de la gente, no engordar privilegios ni reciclar funcionarios cuestionados. La democracia se debilita cuando sus actores políticos se blindan entre sí y dan la espalda al país que dicen representar.