LA AMNISTÍA BOLUARTE
La promulgación de la ley de amnistía por parte de la presidenta Dina Boluarte constituye un episodio de enorme gravedad institucional y política. Bajo el argumento de “honrar a los defensores de la patria”, se ha otorgado un beneficio legal a policías, militares y comités de autodefensa que enfrentan procesos por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. Esta medida, aprobada con el respaldo de las bancadas conservadoras en el Congreso, ha despertado profundas críticas tanto dentro como fuera del país, pues pone en entredicho el compromiso del Estado peruano con la justicia y la memoria histórica.
Más allá de la narrativa oficial de “reconocimiento”, la norma abre un escenario riesgoso de impunidad. La historia reciente recuerda cómo la amnistía del régimen fujimorista en los años noventa buscó blindar a responsables de crímenes de lesa humanidad, una estrategia que fue condenada en instancias internacionales. El hecho de que se repita un patrón similar revela una peligrosa persistencia en privilegiar intereses políticos y corporativos por encima de los derechos fundamentales de las víctimas. La presencia en la ceremonia de figuras como el exintegrante del grupo Colina, Juan Rivera Lazo, no hace sino reforzar esta percepción.
El trasfondo de esta medida es también un choque directo con el sistema interamericano de justicia. La Corte IDH ya ha calificado casos como Barrios Altos y La Cantuta como crímenes imprescriptibles, y ha ordenado expresamente al Estado peruano abstenerse de aprobar leyes de amnistía en estos contextos. Ignorar tales disposiciones no solo constituye un desacato, sino que debilita la posición internacional del Perú, colocándolo como un país que no respeta sus compromisos en materia de derechos humanos.