Fabricio Valencia, abogado patrimonialista de la consultora Hereditas, criticó la modificatoria de la ley 30230, que elimina la exigencia de una autorización previa de este sector ministerial para validar la licencia municipal de una obra ejecutada en un bien inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación.
En ese sentido, también cuestionó la resolución ministerial 364 que significaría junto con la ley un alto riesgo para los edificios históricos. Valencia considera que la autorización previa era la única manera de defender el patrimonio cultural.
Por otro lado, afirmó que esta decisión provendría de una política del propio ejecutivo y no del Ministerio de Cultura. Si bien la medida busca acelerar el trámite requerido para la aprobación de estas licencias municipales, el cual demoraba meses e incluso años, la eliminación de las autorizaciones lo único que ocasionaría sería la depredación del patrimonio cultural.
El especialista considera que se debió acelerar el procedimiento quitando instancias burocráticas y dinamizar la autorización y no desaparecerla. Además, subrayó que el Ministerio de Cultura desconoce lo que hay al interior de los bienes inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación.
Finalmente, sostuvo que detrás del patrimonio cultural siempre hay intereses económicos muy grandes. Agregó que normalmente el sector privado, es decir las empresas constructoras, ven como un lastre el patrimonio cultural y por ello desean depredarlo.
