La propuesta del gobierno de Dina Boluarte de incrementar el sueldo mínimo en apenas S/105 ha generado una profunda insatisfacción entre los sectores sindicales y laborales del Perú. Tras las deliberaciones en el Consejo Nacional del Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ajustó su propuesta, reduciéndola de S/120 a S/105. Esta reducción, que no parece tener un sustento técnico claro, ha desatado críticas y generado un clima de desconfianza hacia la gestión gubernamental. La desconexión entre esta propuesta y las demandas de los trabajadores, quienes solicitaban un aumento más significativo, evidencia una falta de sintonía con la realidad económica de miles de peruanos.
La brecha entre las expectativas de los sindicatos y la propuesta del gobierno es alarmante. Las confederaciones sindicales habían planteado un aumento más acorde a las necesidades actuales, proponiendo que la Remuneración Mínima Vital (RMV) alcance los S/1.500. Sin embargo, al ver que el MTPE retrocedió sin argumentos sólidos, los sindicatos decidieron retirarse del diálogo, frustrados por lo que consideran una «burla». Este retiro pone en evidencia una falta de compromiso y transparencia en las negociaciones que, en lugar de fomentar un diálogo constructivo, ha generado una ruptura en el proceso de búsqueda de consensos.
Por otro lado, la postura de los empresarios, que se oponen a cualquier incremento en la RMV, añade otro obstáculo a las negociaciones. Alegan que una subida en los salarios mínimos sin un respaldo técnico sólido podría afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas (mypes) y aumentar la informalidad laboral. No obstante, la falta de un ajuste adecuado al salario mínimo perpetúa una situación de precariedad económica para los trabajadores, quienes ya ven erosionado su poder adquisitivo debido a la inflación y los altos costos de vida.
Ante este escenario, el gobierno y el MTPE tienen la responsabilidad de buscar un equilibrio que permita mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad de las empresas. El debate sobre la RMV no solo es una cuestión económica, sino también social, y debe abordarse con seriedad y responsabilidad. La propuesta de elevar la RMV a S/1.330, basada en criterios técnicos que intentan recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2018, parece ser una opción más justa y equitativa que permitiría a los trabajadores afrontar la creciente inflación y mejorar sus condiciones de vida.
