Las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en Piura, donde sugirió que la delincuencia es, en parte, consecuencia de la falta de ingresos de los delincuentes, han generado controversia y cuestionamientos sobre la efectividad de sus políticas de seguridad. Al proponer la creación de bolsas de trabajo como una medida para reducir la criminalidad, la mandataria plantea una solución simplista que ignora las complejidades sociales, económicas y culturales que alimentan el crimen en el país. Aunque la pobreza es un factor que puede influir en la delincuencia, el problema no se resuelve con iniciativas superficiales que no atacan la raíz de un sistema de justicia debilitado y una institucionalidad carente de autoridad.
Boluarte, además, culpó a «operadores» de fomentar la criminalidad mediante la desinformación y las mentiras, desviando la atención de su responsabilidad como jefa de Estado. Estas acusaciones parecen más una táctica para desviar las críticas hacia su gestión que una verdadera estrategia para combatir la inseguridad. El constante uso del término «mentira» en su discurso parece reflejar una creciente frustración ante las críticas, pero no aborda el núcleo del problema: una ciudadanía que siente que el Estado no está cumpliendo con su deber de protegerla de la ola de extorsión, sicariato y violencia que afecta tanto a Lima como a otras regiones.
Si bien las medidas preventivas como la creación de espacios de recreación y bolsas de trabajo pueden ser útiles, estas deben complementarse con un enfoque más amplio que incluya reformas judiciales, fortalecimiento de las fuerzas policiales y un compromiso firme con la lucha contra la corrupción. La criminalidad no es solo el resultado de la pobreza, sino también de la impunidad y la ineficiencia del sistema legal, que permiten que los delincuentes sigan operando sin consecuencias reales. Atribuir el problema a la falta de empleo, o a ciertos «operadores», simplifica un tema que requiere soluciones más profundas y estructurales.
En última instancia, el discurso de la presidenta, aunque retórico y combativo, no ofrece una solución integral a la creciente inseguridad en el país. La criminalidad seguirá en aumento mientras las políticas no vayan acompañadas de acciones concretas y efectivas que fortalezcan el estado de derecho y restauren la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. El país necesita una estrategia coordinada y bien planificada para enfrentar este desafío, y no simples promesas o excusas que responsabilizan a otros de lo que debería ser una prioridad gubernamental.
