El caso que involucra a la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur y su vínculo con el presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, pone nuevamente en el centro de atención las preocupaciones sobre la transparencia en el sistema judicial del Perú. Las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho, que rodean su figura, revelan un entramado de presuntos favores judiciales a cambio de sumas de dinero. La intervención de las viviendas de Peralta y de otras personas implicadas, como el empresario Augusto Miu Lei y Hurtado, marca un punto crítico en esta investigación que abarca varias denuncias relacionadas con la minería ilegal y el lavado de activos.
Los expedientes en los que se acusa a Peralta de haber favorecido, mediante sus resoluciones, a los intereses de Miu Lei y sus asociados son especialmente graves. Según los testimonios, se habría permitido la devolución de 100 kilos de oro incautado y se habrían iniciado investigaciones contra competidores del empresario, todo ello a través de mediaciones de Hurtado, quien habría recibido considerables sumas de dinero. Estas imputaciones, provenientes principalmente de los Siucho Neira, familiares y antiguos socios comerciales de Miu Lei, han encendido las alarmas sobre la posible colusión entre el poder judicial y los intereses privados en casos de alto valor económico.
Lo que añade mayor complejidad al asunto es el silencio mantenido por la fiscal Peralta, quien ha optado por no responder a las preguntas clave sobre su relación con Hurtado y los beneficios que supuestamente habría otorgado. La defensa de la fiscal, liderada por Benji Espinoza, insiste en su inocencia y denuncia un supuesto maltrato procesal por parte del Ministerio Público. Sin embargo, las investigaciones siguen avanzando, y la obtención de pruebas como mensajes de texto y audios que podrían incriminar a Peralta, son indicios difíciles de ignorar en un caso de esta magnitud.
Este caso no solo refleja los vicios y vacíos en la administración de justicia en el país, sino también el conflicto latente entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, que se ha hecho evidente en la controversia sobre la divulgación de información sobre los allanamientos. Mientras la fiscalía y el poder judicial se enfrentan en el debate sobre la legalidad de los procedimientos, el caso continúa desarrollándose, arrojando luz sobre las redes de poder y corrupción que parecen permear las más altas esferas del sistema judicial peruano.
