IMPRESIONANTE PEDIDO

La reciente solicitud del expresidente Alberto Fujimori al Congreso de la República para que le asigne el pago de la remuneración de un asistente, una pensión como expresidente y los gastos por combustible ha generado un intenso debate público y ha reavivado la controversia en torno a su figura. Esta solicitud, enviada a través de tres oficios por su abogado, plantea interrogantes sobre la responsabilidad del Estado en el apoyo a un exmandatario condenado por delitos de lesa humanidad.

La liberación de Alberto Fujimori a inicios de diciembre de 2023 por orden del Tribunal Constitucional, a pesar de la decisión previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contrario, fue un hecho que polarizó a la sociedad peruana y generó fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional. Ahora, sus solicitudes al Congreso agregan una nueva dimensión a este debate, cuestionando la ética y la moralidad de asignar recursos públicos a un exmandatario condenado.

Las solicitudes presentadas por el abogado de Fujimori para la contratación de un asistente, la entrega de vales de combustible y el pago de una pensión plantean dilemas éticos y legales. ¿Debe el Estado financiar los gastos de un expresidente que no ha cumplido con su deber de pagar la reparación civil impuesta por el Poder Judicial? Esta pregunta se convierte en el centro del debate sobre la responsabilidad del Estado frente a los crímenes cometidos por sus exautoridades.

Es fundamental que el Congreso de la República evalúe estas solicitudes con rigor y responsabilidad, considerando tanto los aspectos legales como los éticos y morales. La decisión que tome el Legislativo en este caso sentará un precedente importante sobre la rendición de cuentas y la justicia en el Perú, así como sobre la protección de los derechos humanos y la memoria histórica de las víctimas de la violencia ocurrida durante el gobierno de Alberto Fujimori.